31 de agosto de 2011

HI YO SILVER!!!


La Justicia bonaerense rechazó la demanda de una mujer que se cayó de un caballo porque, según precisaron los magistrados, fue su culpa por asumir el riesgo de realizar una actividad que no dominaba completamente.
No cualquiera puede subirse a un caballo y realmente disfrutar de la experiencia de montar a uno de los animales más nobles. Desde tomar las riendas hasta agarrarse de una crin en un “burro” sin ensillar, todo lo relacionado con la actividad requiere un mínimo de conocimiento.

Es por eso que los ministros de la Suprema Corte de Buenos Aires decidieron rechazar la demanda de una mujer que se cayó de un caballo ya que, cuando lo montó, el animal se “disparó”. Además, la afectada no había logrado agarrarse de las riendas. Pero para los magistrados, fue su culpa al afrontar una actividad para la cuál se requieren “conocimientos mínimos”.

Los magistrados afirmaron que “más allá del encuadramiento normativo de la responsabilidad endilgada al ente estatal, el daño producido no podía ser vinculado causalmente al incumplimiento del Estado del deber de supervisión o control”.

Destacaron que el accidente “se produjo como consecuencia de que el caballo "se disparó" y que la actora no pudo y no supo controlarlo”, a la vez que entendieron que “el debido cumplimiento por parte del Estado de su deber de vigilancia y control no hubiera podido evitar el infortunio”.
Señalaron que “aun cuando la Municipalidad tuviera un deber jurídico de obrar y aun cuando haya omitido hacerlo, el daño no se hubiera evitado de haberse realizado la acción omitida. Si bien el quejoso señaló que el municipio no controló que los animales circulan guiados de las riendas por sus cuidadores, ese argumento no puede prosperar por dos razones”.


“Por un lado, el incumplimiento de esa medida de seguridad no formó parte de la demanda y fue introducida tardíamente por el recurrente. Por otro, el quejoso se limitó a señalar el incumplimiento de ese deber sin alegar ni demostrar que tuviera adecuado nexo causal con el daño reclamado.”


En tanto, los magistrados consignaron que “el evento dañoso se encuentra vinculado causalmente con el accionar del animal y con la conducta de la propia víctima. Al respecto, el apelante tampoco efectuó una réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo”.


“Por un lado, no controvirtió la relevancia de la reacción del equino en la producción del daño ni que éste sea atribuible al municipio demandado, en su carácter de dueño o guardián. Por otro, si bien presentó algunas defensas en cuanto a su diligencia en el dominio del animal, ello es insuficiente a los efectos de rebatir la incidencia de su conducta en evento dañoso.”


“En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, en la especie, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior”, señalaron.


Finalmente, estimaron que “la omisión impugnativa que se observa en la pieza bajo estudio sella adversamente la suerte del recurso traído a esta instancia”.




FALLO COMPLETO.

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 4 de mayo de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 106.366, "Cabrera, Andrea Gabriela contra Coria, Ramón Atilio. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar parcialmente a la demanda, la que rechazó en su totalidad; con costas.

Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. La Cámara de Apelación -Sala II- en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia, que había admitido parcialmente la demanda, la que rechazó totalmente; con costas (fs. 343/348 vta.).

Por un lado, con relación a la responsabilidad de la Municipalidad demandada, el a quo centró su decisión en la inexistencia de relación de causalidad entre el hecho dañoso y el accionar del Estado, más precisamente, la omisión de control, que fue endilgada por la actora al municipio.

En este sentido, señaló que, con independencia del factor de atribución y de la norma aplicable -a juicio del sentenciante, el art.1112 del Código Civil-, existe en el sub lite una falla en materia de causalidad.

Citó la doctrina de la Corte nacional sentada en el caso "Cohen Eliazar c/ Río Negro y otros s/daños y perjuicios" (C.1563.XXXVI, sent. de 30-V-2006), donde el máximo Tribunal sostuvo que quien alega la responsabilidad del Estado por falta de servicio debe individualizar tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios, cuyo resarcimiento reclama. Siguió citando el fallo mencionado, donde la Corte adunó que "El deber genérico de proveer al bienestar y a la seguridad general no se traduce automáticamente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que evite cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya tenido lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión culposa en materializar el deber indicado" (citado por el a quo a fs. 346).

Con relación al caso, el tribunal de alzada sostuvo que "tampoco se advierte cómo la supervisión y el control hubieran podido evitar el daño, toda vez que el accidente se produjo porque el caballo 'se disparó' y la actora no pudo, y no supo, controlarlo, conforme lo relatara en su escrito de demanda (fs. 56 vta. y fs. 57) habiendo soltado las riendas (fs. 57 2° párrafo), decisión ésta que muestra una evidente impericia sólo achacable a quien asume el riesgo de subirse a un caballo sin estar mínimamente preparado para conducir (arts. 111 y 1128 del Código Civil)" (fs. 346).

Parafraseando a la Corte nacional en el caso citado, agregó que "no es imaginable cómo el demandado podría materialmente controlar a todos los caballos alquilados evitando que se desboquen ni, concretamente, qué medidas de seguridad hubiera podido adoptar en la especie para evitar que el caballo se 'dispare', a fin de que la actora pudiera haber terminado su paseo ecuestre descendiendo normalmente del animal" (fs.346 vta.).

Aseveró que se trataba de un resultado al que el municipio demandado no se había comprometido y, por lo tanto, faltaba el necesario nexo causal entre la conducta estatal y el daño acaecido (fs. 346 vta.).

Por otro lado, con relación al codemandado, señor Coria, el tribunal consideró que las pruebas producidas en la causa no demuestran su carácter de dueño o guardián del animal. Puntualizó que si bien el accionado reconoció en la absolución de posiciones que se encontraba en el Parque Camet el día del accidente y que en la época se dedicaba al alquiler de "ponies", las declaraciones testimoniales no identifican ni individualizan de modo suficiente al mismo como propietario del animal que montaba la actora al momento del siniestro. Agregó que ninguno de los testigos identificó al "petisero" diciendo que era el señor Coria, por lo que bien pudo tratarse de otra persona que estuviera alquilando caballos, más aún cuando la propia accionante se refirió a la existencia de varios puestos de alquiler de equinos para paseo.

2. La actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra dicho pronunciamiento en el que denuncia la violación de los arts. 161 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1112, 1113 y conctes. del Código Civil; 234 y conctes. de la Ley Orgánica de las Municipalidades y absurdo en la apreciación de la prueba (fs. 354/363).

Por un lado, con relación a la responsabilidad de la Municipalidad, alegó que el sentenciante debió meritar que el accidente se produjo en un predio público municipal y que según el instrumento licitatorio los animales deben circular guiados de las riendas por sus cuidadores.

Enfatizó que el ente estatal, en su carácter de dueño del predio, debió cumplir con el deber de seguridad. En su discurso, aseveró que se trata de un caso de responsabilidad objetiva y concurrente (conf. arts.1112, 1113 y conctes., Código Civil). Luego, se explayó sobre la falta de impericia de su parte.

Asimismo criticó el importe de las indemnizaciones fijadas por el juez de origen en concepto de daño emergente, lucro cesante, gastos derivados del accidente, daño moral y daño psicológico.

Finalmente, sostuvo que las declaraciones testimoniales y los dichos del señor Coria en la absolución de posiciones demuestran su carácter de dueño de la cosa riesgosa.

3. El recurso no puede prosperar.

a. En primer lugar, con relación a la responsabilidad de la Municipalidad demandada, el quejoso se desatiende en su pieza recursiva del argumento central de la decisión recurrida, a saber, la inexistencia de relación de causalidad. De este modo, quien recurre ante esta instancia extraordinaria incumplió su carga recursiva (art. 279 , C.P.C.C.).

En efecto, el tribunal de grado señaló que, más allá del encuadramiento normativo de la responsabilidad endilgada al ente estatal, el daño producido no podía ser vinculado causalmente al incumplimiento del Estado del deber de supervisión o control. Destacó que el accidente se produjo como consecuencia de que el caballo "se disparó" y que la actora no pudo y no supo controlarlo. Finalmente, entendió que el debido cumplimiento por parte del Estado de su deber de vigilancia y control no hubiera podido evitar el infortunio.

En este sentido, en el recurso bajo estudio se argumenta en paralelo, enfatizando la existencia del deber de vigilancia y control a cargo del municipio, que surgiría de su carácter de dueño del predio donde ocurrió el infortunio, pero sin atacar mínimamente el razonamiento central del fallo, a saber, que, aun cuando la Municipalidad tuviera un deber jurídico de obrar y aun cuando haya omitido hacerlo, el daño no se hubiera evitado de haberse realizado la acción omitida. Si bien el quejoso señaló que el municipio no controló que los animales circulan guiados de las riendas por sus cuidadores, ese argumento no puede prosperar por dos razones.Por un lado, el incumplimiento de esa medida de seguridad no formó parte de la demanda y fue introducida tardíamente por el recurrente. Por otro, el quejoso se limitó a señalar el incumplimiento de ese deber sin alegar ni demostrar que tuviera adecuado nexo causal con el daño reclamado.

A su vez, el tribunal entendió que el evento dañoso se encuentra vinculado causalmente con el accionar del animal y con la conducta de la propia víctima. Al respecto, el apelante tampoco efectuó una réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo. Por un lado, no controvirtió la relevancia de la reacción del equino en la producción del daño ni que éste sea atribuible al municipio demandado, en su carácter de dueño o guardián. Por otro, si bien presentó algunas defensas en cuanto a su diligencia en el dominio del animal, ello es insuficiente a los efectos de rebatir la incidencia de su conducta en evento dañoso.

En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, en la especie, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doct. Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000, Ac. 75.204, sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003, entre otras). La omisión impugnativa que se observa en la pieza bajo estudio sella adversamente la suerte del recurso traído a esta instancia.

b. En segundo lugar, con relación a la responsabilidad del codemandado, señor Coria, el recurso también luce insuficiente (art.279, C.P.C.C.).

Cabe señalar que la valoración de la prueba aportada a la causa a fin de determinar si el señor Coria es el dueño del equino, que montaba la actora el día del accidente, configura una cuestión privativa de los jueces de grado, que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (Ac. 54.967, "Cabrera", sent. de 15-VIII-1995; L. 84.500, "Polerecki", sent. de 19-VII-2006, entre otras ).

Esta Suprema Corte ha sostenido, en reiteradas oportunidades, que la mera discrepancia con las decisiones del tribunal de grado, dista de configurar el supuesto excepcional de absurdo que da lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reproche cuya admisión sólo procede cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. Ac. 71.478, sent. de 16-II-2000, Ac. 71.709, sent. de 29-II-2000).

En el sub lite, el recurrente se limitó a invocar la prueba testimonial y confesional producida sin hacerse cargo de las razones concretas expuestas por el Tribunal de alzada para determinar que dichos elementos probatorios son insuficientes para determinar el carácter de dueño del demandado. En efecto, el a quo señaló que ninguno de los testigos identificó al señor Coria en sus declaraciones, así como que el hecho de que accionado hubiera afirmado estar en el Parque Camet el día del hecho y dedicarse a alquiler de equinos es insuficiente en atención a la existencia de múltiples puestos de alquiler en el predio, lo que fue admitido por la actora en su demanda y es un hecho público y notorio. Esos argumentos no fueron rebatidos en el recurso bajo análisis, por lo que quien recurre ante esta instancia extraordinaria incumplió su carga recursiva (art.279, C.P.C.C.). Para más, lo expuesto en el recurso no logra evidenciar la absurdidad endilgada a la valoración fáctica realizada por el sentenciante.

4. No acreditadas, entonces, las violaciones legales denunciadas (art. 279, C.P.C.C.), ni el alegado absurdo, considero lo dicho suficiente para rechazar el recurso interpuesto. Con costas.

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Pettigiani, de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 , 84 y 289 del C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

CARLOS E. CAMPS

Secretario










3 comentarios:

Piedra dijo...

¿Y no hicieron testificar al caballo?

Realmentealpedo dijo...

Vayamos a lo importante: el caballo está bien??

Saludos!

PD: Cualquiera "dispararía" si le subiesen a una boluda encima. Y acá le dejé el chiste fácil para el siguiente que comente jaja.

Nonito Sabebien dijo...

El caballo se negó a declarar y luego fue liberado bajo caución juratoria.

PD: algunos tienen el "gatillo fácil" (y bueh... me la dejaron picando jajajaja)