26 de enero de 2012

FÚTBOL PASIÓN DE MULTITUDES

La Cámara Civil desestimó una demanda por daños y perjuicios contra el secretario de un juzgado que denunció penalmente a la secretaria privada de otro juez que autorizó al custodio del magistrado a retirar un equipo de audio para escuchar un partido de fútbol. Para los camaristas, el empleado judicial obró bien al “custodiar los expedientes que estuvieren a su cargo”.



La sala J de la Cámara Civil, integrada por Beatriz Verón, Zulema Wilde y Marta del Rosario Mattera, confirmó un fallo en el que se desestimó una demanda por daños y perjuicios contra el secretario de un juzgado correccional que había sido realizada por la secretaria privada de un juez.
Se trata de la causa “Braidot Silvia Ines c/ Baric Juan Jose s/Daños y perjuicios” que es consecuencia de otra causa penal. Es que el demandado civilmente denunció penalmente a la actora por los delitos de hurto y violación de domicilio. Delitos por los cuales la mujer fue sobreseída en aquella instancia.
Los hechos comenzaron en diciembre del 2003 cuando Baric, por entonces secretario del juzgado Correccional N° 12 a cargo de Raúl García, denunció penalmente a Braidot ya que cuando se encontraba de turno de Habeas Corpus en el juzgado se percató de que faltaba un aparato de audio. Aparato que había sido secuestrado en el marco de una causa que se tramita en la secretaría.
Luego, el custodio del juez de apellido Martínez, que también se encontraba en el edificio de guardia, ingresó a donde estaba el secretario y devolvió el aparato faltante explicando que la secretaria privada “le había dado la llave para que sacara el aparato y así, poder escuchar un partido de fútbol”. El secretario denunció tanto a la secretaria como al custodio en sede penal pero ambos fueron sobreseídos.
Por ello la secretaria demandó penalmente al secretario del juzgado en busca de una reparación “por los daños que le produjo la acusación calumniosa del demandado”. Pero los camaristas sostuvieron su acuerdo con lo decidido en primera instancia ya que “no puede desprenderse dolo o culpa grave del funcionario denunciante”.
Según consignan en la causa la “acusación calumniosa” consiste en “la falsa imputación de un delito que pone en movimiento una acción judicial, ya sea por querella o simple denuncia”. Y añaden: “Los requisitos de esta figura son la imputación de un delito de acción pública, que se formule la correspondiente denuncia ante autoridad pública -policial o judicial- y la falsedad del acto denunciado, pudiendo hablarse de denuncia calumniosa o falsa denuncia cuando, además, el proceso iniciado por la denuncia ha terminado por absolución o sobreseimiento”.
No obstante, para los magistrados la actitud del secretario se enmarca en la normativa contenida en la ley 1893 en la que se hace mención de las obligaciones de los secretarios entre las que se destaca que este debe “custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo, siendo directamente responsables de su pérdida o deterioro”.
Por eso para los jueces “pesaba sobre él la responsabilidad que la norma aludida le imponía” lo que “admite consecuentemente, justificar las actuaciones reprochadas por la actora”. Es por ello que deciden confirmar el fallo de primera instancia y rechazan la demanda por daños y perjuicios.
Aunque dejan sentado lo expresado en la actuación administrativa que recomendó al personal del juzgado a que “en lo sucesivo se proceda a la correcta reserva de los efectos secuestrados en el marco de las causas que allí tramitan, los que de ningún modo podrán ser utilizados”.

Fuente Diario Judicial




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A continuación el fallo completo...




BRAIDOT SILVIA INES c/ BARIC JUAN JOSE s/DAÑOS Y PERJUICIOS. Juzgado N° 22.-Expte. N° 91.243/05.-

Buenos Aires, a los         22                días del mes de noviembre de 2011, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: BRAIDOT SILVIA INES c/ BARIC JUAN JOSE s/DAÑOS Y PERJUICIOS.


La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

         La sentencia de grado (fs.447/452) rechaza la demanda interpuesta por Silvia Inés Braidot contra Juan José Baric. Con costas.
         Contra este decisorio se alza sólo la actora, quien expresa agravios a fs. 472/479, los cuales fueron contestados por la demandada a fs. 482/485.
         El consentimiento de auto de fs.486, admite abocarme al tratamiento de la presente causa.
         1.- Silvia Inés Braidot, en el escrito postulatorio (fs. 62/69) y en  la ampliación (fs.96/103 vta.) reclama la reparación de los daños que le produjo la acusación calumniosa del demandado, Juan José Baric.
         Así, sostiene que el 17 de diciembre de 2003, el Dr. Baric, titular de la Secretaría nº77 del Juzgado Correccional nº12, efectuó una denuncia imputándole los delitos de hurto y violación de domicilio, de los cuales fue sobreseída.
         Como se ha adelantado, la sentencia en crisis rechaza la demanda.
         La actora, sustancialmente, reprocha que el a quo no haya evaluado la totalidad de los hechos, ni la prueba rendida, y el apartarse de la normativa imperante. Alude, a la causa penal y al sumario administrativo, de cuyos contenidos, referiré más adelante.
2.- Advierto, que seguiré a nuestro máximo Tribunal, en cuanto a que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos. 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 305:537, 307:1121, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi, S.-Yáñez, C. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t.1, pág. 825; Fenochietto, C.-Arazi, R. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado” T.1, pág. 620). Por ello, solo repararé, en las alegaciones conducentes para decidir este conflicto.
         Asimismo, en sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos:274:113; 278:271; 291:390, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.
         3.- Ahora bien, el art. 1089 del Código Civil brinda una amplia protección al honor disponiendo que "si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de la imputación". A través de esta disposición, se brinda una tutela más amplia al ataque contra el honor que la que emerge de los supuestos tipificados por el Código Penal, toda vez que mientras éste requiere que exista animus injuriandi; es decir, la intención deliberada de ofender para que se consume el tipo delictivo, en materia de responsabilidad civil la conducta culposa o aun riesgosa -que desacredita o deshonra- genera obligación de indemnizar (cfr. CNCiv., Sala L, en autos "Cancela, Omar J. c/ Artear S. A. y otros.", del 28/10/1994, LL 1995—C-293, DJ 1995—2-285).
Es sabido que el honor constituye la valoración integral de la persona, tanto en sus proyecciones individuales como sociales (cfr. CNCiv., sala E, in re " F., B. c/ Club Gimnasia y Esgrima", del 15/05/1996, LA LEY, 1996—E, 523, con nota de Jorge Bustamante Alsina – DJ, 1997—1-385). En este sentido, se trata de un derecho personalísimo sobre la integridad espiritual con duplicidad de aspectos; pudiendo afirmarse que su faz objetiva toma en cuenta a la reputación del sujeto; esto es, el concepto o la valoración que el resto de la sociedad tiene de él, mientras que el honor en su aspecto subjetivo se identifica con la autoestima; vale decir, la imagen que el propio sujeto tiene de sí mismo.
La lesión al derecho al honor, por otro lado, puede efectivizarse tanto a través de la calumnia, cuanto de la injuria. La primera de las figuras implica la falsa atribución de un delito, mientras que la injuria se configura mediante cualquier tipo de desacreditación o deshonra (cfr. SCJ de Mendoza, Sala II, in re "C., B. y otros c/ P., L. A. y otros", del 29/11/1995). Sucede así que esta última es comprensiva de todo acto que implique una ofensa o desmedro personal, económico o disciplinario para la contraparte (cfr. SCBA, en autos "Machado, Jorge V. c/ Sesti, Francisco", del 20/03/1979). Asimismo, tan amplia es la protección que en al ámbito del derecho privado se otorga al honor, que la señalada norma jurídica (vgr. art. 1089 del Código Civil) sanciona la calumnia o injuria de cualquier especie. Con ello, como acertadamente apunta Vázquez Ferreyra (ver su comentario al art. 1089 del Cód. Civil en "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Bueres (dir), Highton (coord.), Ed. Hammurabi, T. 3-A, págs. 277 y sgtes.), se quiere hacer mención a la injuria o calumnia tanto directa como indirecta, quedando también comprendidas -a su vez- las formas explícitas e implícitas de estas figuras (ver mi voto in re “R., F. D. c. R., M. S.”, del 25/10/2006, LLonline CNCiv. Sala “B”. expte. nº578.146/ “P, D.J. c/S, G.M. s/daños y perjuicios del 31/8/2011).
4.- La “acusación calumniosa” consiste en la falsa imputación de un delito que pone en movimiento una acción judicial, ya sea por querella o simple denuncia. Los requisitos de esta figura son la imputación de un delito de acción pública, que se formule la correspondiente denuncia ante autoridad pública -policial o judicial- y la falsedad del acto denunciado, pudiendo hablarse de denuncia calumniosa o falsa denuncia cuando, además, el proceso iniciado por la denuncia ha terminado por absolución o sobreseimiento (conf CNCiv, esta sala, 20/2/2008,  Expte. Nº 43.272/2001 “Calandrino, Alberto c/ Llanos, María D. s/ Daños y perjuicios.”; ídem 5/11/2011 “Neuhaus, Ariel y otro c/ Boehringer Ingelheim S.A. s/ Daños y Perjuicios” entre muchos otros).
Sobre este punto la doctrina se halla dividida. En efecto, para una parte de ella la acusación es calumniosa si el sujeto actúa “con conocimiento de la falsedad de la imputación”, es decir, sabiendo que el imputado era inocente, siendo menester aquí entonces el “dolo” configurativo del delito civil (art. 1072 C.C.).
 Para la otra corriente no resulta necesario que se haya actuado con conocimiento de la falsedad y con intención de dañar, basta que el autor de la denuncia o querella haya procedido con culpa o negligencia al efectuar la imputación; es decir, se genera un supuesto de cuasidelito civil, "hecho ilícito que no es delito” según el Código Civil (Conf CNCiv, esta sala, 20/2/2008,  Expte. Nº 43.272/2001 “Calandrino, Alberto c/Llanos, María D. s/daños y perjuicios” ídem, Sala D, 10/11/97, expte. N° 16.928/95 “Obregon, Pedro c/ Sandler, N. s/ Daños y Perjuicios”).
Es que el art. 1090 no puede interpretarse como enervante del principio general conforme al cual todo aquel que por su culpa o negligencia causa un daño a otro está obligado a su reparación (art. 1109 CC) (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Código Civil Comentado, Belluscio – Zannoni, t. V, pág. 259; CNCIV. Sala “F”.expte. nº107.646/2005.”B, J.A. c/G., H.R. y otros s/daños y perjuicios” del 11/7/2011; de allí que se sostenga que en nuestro sistema de responsabilidad civil basta la culpabilidad en sentido lato, esto es, comprensiva del dolo y la culpa, e incluso que el art. 1090 debe aplicarse también a los cuasidelitos (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños, Daños a las personas (integridad espiritual y social” T.2 C, ed. Hammurabi, pág. 409).
Ello así, por cuanto en los ilícitos que afectan el honor, el factor de atribución (imputatio iuris) debe ser necesariamente subjetivo, fundado exclusivamente en el dolo o la culpa, puesto que no existe base normativa para una imputación objetiva al acusador (Conf CNCiv, esta sala, 15/7/2010, Expte. Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios,   Expte. Nº 76.448/2008 “Scott, Sonia Lorena c/ Guerra, Cruz Angelina s/ Daños y Perjuicios”, del 27/10/2011, con voto preopinante de mi distinguida colega Dra. Marta del Rosario Mattera, donde nos ilustra sobre las distintas postura doctrinarias y de las que hice mención ut supra).
Ahora bien, no puede soslayarse que para poder apreciar si los dichos resultan injuriosos hay que estudiar los antecedentes del hecho, lugar, ocasión, calidad y cultura, relaciones entre ofensor y ofendido, etcétera (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en su comentario al art. 1089, en "Código Civil y leyes complementarias...", dir. Belluscio, coord. Zannoni, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, T. V, p. 247, y sus citas).
La culpa del denunciante o acusador quedará evidenciada cuando se advierta que se excedieron los fines en cuyo interés se ha acordado la posibilidad de acusar. Tal trasgresión se pondrá de manifiesto ante una incriminación formulada sobre bases inconsistentes, o con omisión de elementales actos de comprobación de la verdad de los hechos, o cuando la denuncia o querella se revela como un mero instrumento para denigrar o menoscabar al afectado. (Conf CNCiv, esta sala, 15/2/2011, Expte. Nº 88.484/2000 “Román Hontakly, César Adrián c/ Hechy, Marta Susana y otros s/ daños y perjuicios”).
En este sentido, calificada doctrina considera que la culpa debe ser grave en virtud de la necesidad y conveniencia de preservar el interés social en aras a la investigación y represión de los delitos penales (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Código Civil… ob. cit., pág. cit.; CNciv. Sala “I” “S.G.M. c/Bulzomi, Carolina Valeria y otro” primer voto de la Dra. Patricia Castro,  del 14/7/2011, pub. en la LL del 4/8/2011; CNCiv. Sala “H” “G., J.L: c/S.M.S.A. s/daños y perjuicios” primer voto de la Dra. Liliana Abreut de Begher, del 19/8/2011, pub. en Gaceta de Paz del 11/10/2011), aporía que por cierto genera una evidente “tensión” entre tal necesidad social y la protección del honor de las personas (Loustaunau, Roberto, “El delito civil de acusación calumniosa”, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, 2006 – 2, “Honor, imagen e intimidad”, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 212).
Ahora bien, hubiera sido menester que se demostrara que el accionado había actuado mediando dolo o, al menos, una grave negligencia o imprudencia, circunstancias  que no se configuran -como veremos en los siguientes considerandos- en el supuesto de autos, descartando por ende, la posibilidad de responder por los daños y perjuicios reclamados.
5.- El Dr. Juan José Baric, el 17 de diciembre de 2003, presentó denuncia -sus extremos los indicaré a continuación-, radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 30, Secretaría nº 164 y donde tramitó el expte. nº 78.243/2003 que en este momento tengo a la vista. A esta causa referiré.
         A fs. 3/4 ante el Fiscal interviniente, el denunciante expresa, que se desempeña como titular de la Secretaría nº 77, del Juzgado Correccional nº 12 a cargo del Dr. Raúl Emilio García. Continúa su relato, que el domingo 14 de diciembre, debido a estar de turno de Habeas Corpus se encontraba en la sede de la Secretaría junto con el Prosecretario, Dr. Raúl Capdevila. A las 17,20 horas, notó que faltaba el aparato de audio marca Sony modelo FH-B411 -conf. fs.2-, de uno de los estantes de la Secretaría destinado a reservar efectos. Mientras se desarrollaba la conversación entre ellos, ingresa a la Secretaría el custodio Juan Martínez, suboficial de la Policía Federal, interesándose por la presencia de los nombrados, luego, se retira del lugar y regresa con el aparato en cuestión. Éste explica lo sucedido, aduciendo que contaba con la autorización de la Secretaria Privada, quien también le había entregado las llaves de la Secretaría para que pudiera ingresar. El Dr. Baric, reputa dichos procederes atípicos, carentes de su autorización y conocimiento, conforme a los términos del informe que elevara al titular del Juzgado, donde desempeña el cargo de Secretario (fs.2).
         La Fiscalía, en atención a lo dispuesto por el Juez de Instrucción, procedió a dirigir la investigación y tomar declaración testimonial a Raúl Capdevila (fs. 12/13vta.). Este testigo, hizo una exposición similar al relato efectuado (y al que hiciera en sede civil, fs. 201/202vta. de estos actuados y fs. 31/vta. del sumario admnistrativo –nº3180/04-), con algún agregado -entre otros-, que Martínez expresó, que la Secretaria Privada le había dado la llave para que sacara el aparato y así, poder escuchar un partido de fútbol, y que se encontraba, en esa oportunidad, en el edificio porque estaba de guardia durante todo el día.
         A fs. 14vta./16vta. dictamina la Sra. Fiscal. Examina, la conducta de Juan Martínez a luz del art. 255 del Código Penal, y no lo encuentra incurso en su normativa, donde el tipo objetivo de la norma está configurado, no así, el subjetivo porque “De las constancias de autos se desprende que a penas Juan Martínez tomó conocimiento de que el Dr. Baric se encontraba de turno de Habeas Corpus, esto es, que estaba laborando en la secretaría en cuestión, procedió a devolver el mentado aparato de audio, oportunidad en las que explicó que lo había retirado para escuchar el partido de fútbol””En suma, con lo expuesto, se descarta que Juan Martínez haya retirado el audio en cuestión con el ánimo de apropiación que requiere la norma en estudio, debido a que éste sólo fue extraído del lugar para ser usado en una dependencia aledaña y luego de ello, sería devuelto, tal como ocurrió”.
         Tampoco, el agente de referencia, fue considerado incurso en el delito reglado por el art. 150 del Código Penal -violación de domicilio- porque Juan Martínez no era un extraño dentro del plantel que conforma el Juzgado, sino que se trataba del custodia del Juez, motivo por el cual se entiende que posee un acceso libre a cualquiera de las dos dependencias que componen el Juzgado en lo Correccional nº12”. “En segundo lugar, dentro de la división de tareas de un Juzgado, es de práctica que las secretarias privadas tengan un libre acceso a las llaves de las secretarías y las cuales se encuentran en posesión del Juez. Ello, por cualquier infortunio que pueda presentarse”.
         Es así, que al considerar atípica la conducta de Martínez, lo traslada a Silvia Braidot, quien no puede ser partícipe de un delito que no se cometió.
         El Juez interviniente, basado en los términos del dictamen fiscal, resuelve sobreseer a Juan Martínez y Silvia Braidot, por inexistencia de delito en la causa nº 78.243/03, iniciada por denuncia de Juan José Baric (fs.18/vta.).
         Al respecto, debo recordar, que la Corte Suprema ha sentado criterio sosteniendo que la sola existencia de un fallo judicial que disponga la absolución o sobreseimiento del imputado no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios derivados de la denuncia, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo, culpa o negligencia (Fallos: 319: 2824; 330:2464).
         6.- En cuanto al sumario administrativo -nº 3180/04, que tengo a la vista- haré hincapié en la resolución final (fs. 70/72).
         En esas actuaciones, son relatados -entre otros- los dichos del Dr. Capdevila y del custodio Martínez, de similar tenor a los expuestos en las otras actuaciones, que permite concluir que la Sra. Silvia Braidot no ha incurrido en falta que merezca reproche administrativo.
         Analizadas, las causas cuestionadas, coincido con el juez de grado. Fueron expuestos los hechos ocurridos, y que de dichas manifestaciones no  puede desprenderse dolo o culpa grave del funcionario denunciante.
         Además, debo hacer mérito del proceder del Dr. Baric a la luz de la normativa contenida en la ley 1893. Específicamente del art. 147 que hace mención de las obligaciones que pesan sobre los Secretarios, y en cuanto a la cuestión que nos atañe, del inc.5 de la norma, que claramente indica:”Custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo, siendo directamente responsables de su pérdida o deterioro”.
         Pese, al resultado alcanzado en la causa penal, como en el sumario administrativo, es menester destacar consideraciones coincidentes de ambas actuaciones. En cuanto a la penal, que remite a los términos del dictamen fiscal, reza: “No obstante de todo lo expuesto, esto es, que la conducta denunciada no se subsume en ninguna figura penal, lo cierto es que no se debe descartar que dicha conducta sea plausible de una sanción administrativa, motivo por el cual entiendo que debe librarse oficio a la Sala Especial de la Cámara del Crimen a los efectos de ponerlos en conocimiento de los hechos denunciados” (fs. 16, párrafo quinto).
         De similar tenor, extraigo de la actuación administrativa: “Sin perjuicio de lo expuesto, se impone recomendar al personal del Juzgado Nacional en lo Correccional nro.12, que en lo sucesivo se proceda a la correcta reserva de los efectos secuestrados en el marco de las causas que allí tramitan, los que de ningún modo podrán ser utilizados” (fs.72, párrafo tercero).
         Que el aparato musical en cuestión, fue objeto de secuestro en un proceso en trámite ante la Secretaría cuya titularidad ostentaba el Dr. Baric, no fue cuestionado. Por ello, pesaba sobre él la responsabilidad que la norma aludida le imponía, y admite consecuentemente, justificar las actuaciones reprochadas por la actora.
Por ello, propicio mantener lo decido en la instancia de grado, en cuanto a la desestimación de la demanda.
7.- En lo atinente a la imposición de las costas, propiciaré el apartamiento a lo decidido en la sentencia en crisis.
Del tenor de las declaraciones vertidas en esta sede por empleados de la Secretaría, específicamente al uso dado al aparato en cuestión (fs. 207 preg.11, fs.344), como de los términos del informe presentado por el titular del Juzgado en el cual el Dr. Baric era  Secretario (v. fs. 6/vta. del sumario administrativo), autorizan a inferir que la actora se haya creído con derecho para accionar, por ende, impongo las costas de ambas instancia en el orden causado (art. 68, 2º parte del rito).
         Por las razones expuestas, si mi voto fuera compartido, propongo:
                       1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto a las costas, que se imponen en el orden causado.
                        2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que ha sido motivo de apelación y agravios.
                         3) Costas de la Alzada en el orden causado.
Las Dras. Zulema Wilde y Marta del Rosario Mattera adhieren al voto precedente.
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-







///nos Aires, noviembre                                       de 2011.-
                   Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
                   1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto a las costas, que se imponen en el orden causado.
                        2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que ha sido motivo de apelación y agravios.
                      3) Costas de la Alzada en el orden causado.
         Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.
                   Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

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